La Asociación de Empresas de Energías Renovables ha recurrido ante el Tribunal Supremo la Orden ETU/130/2017 debido a la distorsión que el Ministerio introduce sobre la previsión del precio del mercado eléctrico a futuro. La CNMC ya denunció esta distorsión, remarcando la “inconsistencia” y la “abierta contradicción” que supone incrementar, en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas para otros fines, el precio previsto del mercado para el año 2020 y posteriores. Como el esquema de retribución de las energías renovables se basa en combinar ingresos previstos en el mercado eléctrico complementados en su caso con retribuciones reguladas, el Ministerio niega, en estos próximos 3 años, a las renovables más de 600 millones de euros de retribuciones reguladas al hacer una sobreestimación irreal de los ingresos previstos en el mercado.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA contra la Orden ETU/130/2017, de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones renovables, que supone una reducción de la retribución regulada de las energías renovables de 600 millones de euros en el trienio 2017-2019 en relación con la que les correspondería aplicando correctamente la metodología establecida por el propio Ministerio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido el recurso según publica el Boletín Oficial del Estado del 25 de abril.
El esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones han de alcanzar una rentabilidad razonable que se obtiene al contemplar la inversión realizada, los ingresos previstos por el mercado eléctrico y las retribuciones reguladas. Al elevar de forma artificial el precio estimado para los años futuros, el Ministerio no sólo compromete los ingresos futuros del sector sino que, para mantener esa rentabilidad razonable, reduce de manera automática la retribución regulada prevista para el trienio 2017-2019.
Una previsión de precios irreal y ya denunciada
En otros documentos donde no está en juego la retribución del sector renovable, el MINETAD sí utiliza previsiones realistas. Un ejemplo de ello es la “Propuesta de Orden por la que se aprueba la previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingreso y costes del Sistema Eléctrico para el periodo 2017-2022”, donde el MINETAD estima un precio del mercado eléctrico para 2020, 2021 y 2022 de 41,62 €/MWh.
Sin embargo, en la Orden de actualización de Parámetros retributivos ETU/130/2017, el precio que prevé para los mismos años es de nada menos que 52,00 €/MWh. La primera previsión está en línea con lo que el Ministerio de Energía, en el ANEXO V de la propia Orden ETU/130/2017 establece para el período 2017-2018-2019: precios que están en la franja de los 42 €/MWh (41,54 €/MWh-42,84 €/MWh).
La CNMC ya denunció en su día que no se proporcionase metodología de cálculo alguna para mantener los 52 €/MWh y que no se revisase el valor del precio de mercado de 2020. También se refería la CNMC en su informe a la Orden de Peajes de 2017 (IPN/CNMC/029/16) que no era justificable mantener un precio tan alejado de la realidad: “esta otra propuesta normativa, (…), fija en 41,62 €/MWh la estimación del precio medio del mercado diario para los años 2020 a 2022, en abierta contradicción con la cifra de 52 €/MWh”.
600 millones de euros en juego
Según las palabras de José Miguel Villarig, presidente de APPA, “esta distorsión en la previsión del precio futuro de la electricidad es la forma que tiene el Ministerio de ningunear al sector renovable, aplazando e incluso negando ingresos que, con sus propias normas, le pertenecen legítimamente”. APPA ha confiado el recurso al bufete HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law, socio de la Asociación y con gran experiencia en el sector energético regulado. El recurso tiene una importancia capital para la viabilidad de las empresas del sector renovable que, en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones los han perdido de forma definitiva. Estos recortes vienen a sumarse al impacto negativo de 2.200 millones de euros anuales que supuso la reforma eléctrica.
