APPA Biomasa, integrada en la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, pide al nuevo Gobierno un apoyo decidido a la Biomasa y denuncia que el Ministerio de Industria (MINETUR) desoyera sus recomendaciones para corregir los requisitos de la subasta para 200 MW de biomasa, que en su opinión “era excluyente, permeable a la especulación e incluía condiciones poco realistas, que harían difícil que se materializarían los proyectos, para los que sería difícil conseguir financiación”.
La sección de Biomasa de APPA pide al MINETUR, una vez más, un apoyo sostenido al sector, que no se limite a subastar potencia esporádicamente sino que se establezcan subastas periódicas, que permitan alcanzar el objetivo a 2020 de 1.350 MW. De no ser así, no se alcanzará el objetivo previsto para la biomasa pues la potencia instalada actualmente no llega a los 800 MW y la subasta, en caso de que se materializasen los proyectos, solo añadiría los citados 200 MW.
APPA Biomasa pide que las instalaciones de biomasa no tengan límite máximo de producción de 6.500 horas -como tampoco lo tienen las instalaciones de cogeneración- y que se elimine el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica. Ambas reivindicaciones son consideradas claves por los productores para permitir el desarrollo de un sector, que, más allá del aporte energético renovable, genera importantísimos beneficios tanto medioambientales como socioeconómicos para España.
En la tramitación de la subasta, APPA Biomasa solicitó que se limitara la participación a empresas de un mismo grupo para impedir que agentes externos al sector de la biomasa, pudiesen distorsionar el resultado, como finalmente ha sucedido, y se terminaran adjudicando bloques de potencia que, finalmente, pudieran no ser ejecutados. De ser así, se retrasarán los tiempos de desarrollo de la biomasa en nuestro país, pues se corre el riesgo de que no se subaste más potencia hasta que dentro de unos años se compruebe si la potencia adjudicada se ha ejecutado. Esta demora haría que se abandonaran definitivamente las iniciativas de proyectos en curso.
Las propuestas de APPA Biomasa no fueron tenidas en cuenta por el MINETUR, que finalmente publicó un mecanismo de subasta permeable a la especulación y muy excluyente, especialmente para las pequeñas cogeneraciones con biomasa en industrias y las plantas pequeñas y medianas de biomasa. Estas instalaciones no podían competir en la subasta debido a las grandes diferencias en economía de escala, aspecto incongruente con la exposición de motivos dada en la normativa de la convocatoria.
Por otro lado, la imprevista moratoria de enero de 2012 dejó paralizados numerosos proyectos de biomasa en distintos grados de promoción, algunos de ellos ya en la fase final de conexión a red. La mayoría de ellos no estaban dados de alta en el registro de pre-asignación, ya que faltaban cientos de MW para alcanzar el objetivo máximo establecido, de 1.350 MW. La dilación de la moratoria durante cuatro años ha aumentado progresivamente la presión sobre las empresas del sector, en algunos casos empresas cotizadas, que ya tenían importantes inversiones hechas.
La situación a la que se han visto abocadas algunas empresas las ha empujado a entrar en la subasta a cualquier precio y ofertar reducciones del 100% sobre la retribución a la inversión de salida. A ello ha contribuido también el mecanismo marginalista de la subasta. Si ésta hubiera previsto que se adjudicaran las ofertas casadas al porcentaje de reducción ofertado por cada una, como se hace en Francia, se habrían evitado las consecuencias negativas de unas adjudicaciones que sólo arrojan más incertidumbre al sector pues las empresas adjudicatarias podrían tener problemas para desarrollar sus proyectos.
